20.-¿Qué soberanía...?

        Francisco Bustelo, catedrático que fue de Historia Económica y Rector honorario de la Complutense  (El País, 8-08-11), refiriéndose al 15 M, dice experimentar motivos de esperanza, pero que los jóvenes no saben historia,  y  que habría que decirles que “el progreso, en ocasiones, se estanca pero siempre reverdece”.

       Probablemente es cierto, pero es siempre como consecuencia de la actuación humana. No se trata de sentarse a esperar que el progreso estancado – o en franco retroceso- cambie de ciclo por causas naturales. El progreso humano, en el ámbito de los derechos, no ha sido nunca consecuencia de un proceso natural. Ha costado mucho esfuerzo y, casi siempre, sangre. Y ahora hay quien quiere que los derechos que consiguieron nuestros padres con esfuerzo o con sangre los devolvamos, avergonzados, porque suponen un privilegio insostenible.

        En realidad casi nadie entre las personas que transformaron poco a poco la sociedad en la que vivimos sabía historia. Ni falta que hacía. El conocimiento de la historia no mueve a las masas en busca de un mundo más solidario, más equilibrado, más justo. Es la conciencia de las desigualdades injustas de una determinado grupo humano en un momento determinado. Quizá no sepan historia, pero la escriben. Un motor poderoso los ha impulsado cada vez: conseguir – o recuperar - su soberanía, su derecho a diseñar la sociedad en la que viven.

            ¿Y qué sabemos de ella?

           Realmente podíamos rellenar infinidad de folios con todo lo que hay publicado, pero simplificaremos. Sólo se trata de hacer comprensible la tesis de este escrito: en la estructura profunda de los acontecimientos que ha originado esta crisis plural estamos revisando la situación real de la soberanía popular en las circunstancias actuales y, sobre todo, su capacidad de modificar la situación.

      En resumen podríamos definir la soberanía como la capacidad –y el derecho- de gobernar o gobernar(se) una sociedad en una primera acepción. La segunda, cuando ya se desarrolla  el Derecho internacional, hace referencia a que un estado no debe depender de otro; a la independencia de unos estados con respecto a otros.

     Ambos conceptos están ahora mismo en entredicho. ¿Quién gobierna a los estados actualmente? ¿Podemos nosotros establecer las reglas de juego que nos permitan dar cuerpo real los derechos reconocidos en la Constitución del 78, vivienda, trabajo, servicios públicos…. en suma, un proyecto vital que satisfaga las legítimas aspiraciones de un ser humano y que garantiza la ley por la que nos regimos?

       Sí; ya lo hemos dicho. Se trata de una enconada disputa por nuestra soberanía. Una vez más. Llevamos siglos peleando por ella; sólo que ahora el enemigo está difuminado, emboscado bajo conceptos ambiguos. No conocemos su rostro, ni siquiera conocemos el lugar donde se embosca. Es  ubicuo y anónimo. Incluso tiene, ocasionalmente, la habilidad de hacernos sentir culpables. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es legítimo que quienes nos han prestado “su” dinero ahora lo reclamen con garantías.  Insinuaremos una verdad incuestionable sobre esas garantías. Ni una sola de las  que se ha exigido a Grecia, a Portugal, a Irlanda, a España, a Italia, pronto a Bélgica, a Holanda o a Francia, está pensada para hacer posible una vida mejor para las personas de cada uno de estos países. Los rescates o las políticas fiscales impuestas –por poderes ajenos y que suplantan nuestra soberanía- no están diseñados para los pueblos, sino para garantizar la devolución de su deuda a los bancos, mayoritariamente europeos. Es el capital, mayoritariamente europeo, el que devora a Europa  e intenta dejar sin contenido las democracias europeas.

        Cada rescate económico que el excedente financiero europeo ha llevado a cabo en los países más afectados por la crisis ha supuesto de hecho una invasión colonial y una intervención sin disimulo contra la soberanía de ese país. El rescate supone sometimiento pleno, ausencia de autonomía para gestionar los presupuestos nacionales, establecimiento de reglas impuestas por el capital europeo sobre las relaciones laborales, los salarios, los impuestos, los servicios públicos, la jubilación, las pensiones, los programas sociales. Las Constituciones nacionales han pasado a ser papel para envolver pescado, en el mejor de los casos.

        Y tenemos , además , la seguridad de que este sistema económico es inviable porque expolia los recursos que hemos de dejar en herencia a nuestros continuadores como especie y porque, buscando el crecimiento de sus beneficios, está marginando del negocio a las tres cuartas partes de la población mundial. La política fiscal que se impone como contramedida a la crisis económica sólo sirve para aumentarla. No sólo impide la generación de empleo, sino que continúa destruyéndolo. Como una pescadilla monstruosa que  se devora a si misma por la cola. Decae el consumo al aumentar el paro. Entra en colapso el mecanismo sobre el que han basado esa idea peregrina del crecimiento permanente. Ha habido otras crisis  antes; algunas muy bien estudiadas en su origen y en su desarrollo, como la del 1929. Algo deberían haber aprendido los que dicen esforzarse por sacarnos de ella.

            Somos  conscientes del daño masivo que produce la codicia de una minoría a la mayor parte de la humanidad. Deberíamos estar ya trabajando en el establecimiento de  sistemas de control sobre los procedimientos por los que se obtienen beneficios desmesurados a costa del empobrecimiento de grandes masas de población. En su lugar estamos permitiendo que el capitalismo nos esquilme, no ya de los medios de una subsistencia digna como el trabajo o la vivienda, sino de otro capital extraordinario, derechos sociales conquistados tras siglos de lucha en busca de la efectiva igualdad de los seres humanos ante las leyes. Mientras, en Somalia y en el cuerno de África, a mediados de agosto de 2011, miles de personas mueren de hambre. Esa perspectiva no podemos perderla de vista. Es el rostro más dramático del presente y la consecuencia más evidente de la injusticia que el capitalismo ha establecido como modelo de distribución de las riquezas y los recursos.

              Esa transformación será inviable si no recuperamos nuestra soberanía.
        Continuemos, pues, un poco más con la primera acepción del término soberanía.  He separado a  conciencia los términos “gobernar” y “gobernar(se)” porque en ese simple reflexivo se esconden muchos siglos de revoluciones sociales y de lucha por una sociedad más justa e igualitaria. No es moco de pavo ese pronombre. No. Y en ello estamos enfrascados ahora mismo, escribiendo un capítulo más, cuya manifestación más visible es el movimiento de los "indignados" reclamantes de democracia real. En los capítulos que siguen procuraré que el término soberanía encuentre su acepción más indicada, mientras contemplamos las actuaciones de los indignados que nos precedieron peleando por ella.

          

Parte Segunda

                                     

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO
Eugène Delacroix (1830)

     OTROS SE INDIGNARON ANTES

        Y SU INDIGNACIÓN LES OTORGÓ EL TRIUNFO

19.- Resumiendo,¿qué está pasando aquí...?

             Pero, en realidad, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo explicarlo en pocas palabras?

            El movimiento 15 M es tan viejo, tan natural como la humanidad; aunque las similitudes son más evidentes desde el tránsito del Antiguo Régimen a la modernidad. El lema, fundamental entre otros muchos, de la multitud de desencantados es “¡Democracia real, ya!”

De eso se trata.

            Es la muy antigua disputa por la soberanía. Y este término es la explicación de una buena parte de la historia de la humanidad.

            Hay otra frase que resume la explicación y que se ha repetido con pequeñas variantes en todos los foros recientes: “Los mercados- qué término tan ambiguo para esconder los intereses  de los poderes económicos- nos han robado la democracia”.

            De hecho, todo esto era previsible y ha sido anunciado por voces creíbles desde hace mucho tiempo.

            Desde el hundimiento del sistema comunista, al faltar el contraste del otro sistema que suponía una amenaza implícita, más teórica que real, para el capitalismo occidental, pero que alimentó la tensión de la guerra fría, este ha campado a sus anchas por todo el mundo. Su triunfo ha sido también su condena. La realidad actual es que como sistema económico, por tanto sostén también de las estructuras políticas occidentales, ha fracasado. Y ha fracasado porque, impulsado por su afán depredatorio y por la ausencia de un enemigo de su rango,  se han acentuado sus defectos. Se basa en una distribución injusta de las riquezas y fundamenta su razón de ser en una piedra angular insostenible, la necesidad del crecimiento permanente y a plazos cada vez más cortos. En eso consiste la especulación: ganar mucho en poco tiempo. Y esas son las prácticas de cada día en los mercados financieros. Todo vale.  Únase a ello que en la persecución de ese objetivo ha olvidado una máxima imprescindible para la supervivencia: la gestión responsable de los recursos.

            En su declive está arrastrando y contaminando de desprestigio a las anquilosadas estructuras de democracia bipartidista, o casi, de la mayor parte de las democracias occidentales. Porque las estructuras políticas no escapan a las redes económicas. Son rehenes de infinidad de intereses y presiones. Han acabado por perder su finalidad primigenia  de representación y de defensa de sus representados para convertirse en maquinarias piramidales de conservación del poder, o aún peor, en servidores de los intereses de las fuerzas económicas  que los elevaron al poder. El resto, los ciudadanos de a pie, sólo somos masa legitimadora cuando nos convocan a las urnas, fuerza productiva si resulta necesaria, despojo olvidado cuando el temporal arrecia, y siempre consumidores; o de productos para mantener el negocio, o de manipulaciones y mentiras, cuando les interesa atraernos a su redil.

            Las democracias occidentales han perdido de vista la única razón de su existencia, la búsqueda de la igualdad efectiva ante la Ley, y han ido generando en su seno una división insoportable entre los seres humanos. La bolsa de quienes carecen de la mayor parte de los derechos que consagran las constituciones - derecho al trabajo en condiciones dignas, derecho a la vivienda, por ejemplo-  es muy amplia y está plagada ahora de personas con una formación sólida, con criterios basados en convencimientos políticos y en el conocimiento de las leyes.

            Los más afectados por la crisis, agrupados en torno al 15 M o no, no hacen sino lo que han hecho siempre los seres humanos, con desigual fortuna, esforzarse por mejorar las condiciones de su vida.  Lo que se plantea ahora es, crudamente, la transformación del sistema antes de que sea tarde y la vorágine capitalista nos arrastre a todos a una crisis mucho más duradera. Pero el cambio de sistema no es gratuito; quien detenta el poder se  aferra siempre a él por todos los medios, legales o no. Es otra constante humana con raras excepciones. Se trata pues de recuperar nuestra soberanía para rediseñar el mundo que queremos, de cambiar las reglas de juego, de transformar el sistema injusto y autodestructivo por alternativas más humanitarias y solidarias.

            Eso está pasando aquí, Ahora resulta fundamental ponernos de acuerdo en los procedimientos para recuperarla. De otro modo, será una empresa abocada al fracaso, un esfuerzo inútil, una indignación sin consecuencias..

            En todo lo que sigue, un breve paseo por los momentos de la historia que guardan concomitancia con la situación actual y con la rebelión de algún sector de la sociedad humana en defensa de su soberanía, intentaré que quede claro que el objetivo que todos estos movimientos buscan  es compartir el poder, modificar las condiciones de su vida mediante  la elaboración de la leyes. No hay nada más poderoso que la ley en los sistemas democráticos. Nos toca transformar la democracia que tenemos, hacerla participativa, convertir nuestras demandas en ley. La plaza está bien como llamada de atención. Ahora hay que lograr que las demandas ciudadanas lleguen a los parlamentos. De otra manera, creo, esto será una primavera efímera.

            Las tres cuartas partes de la población española simpatizan con el movimiento 15 M, comparten muchas de sus reivindicaciones. Si la democracia de partidos no satisface nuestras expectativas, habrá  que transformarla en lo que debiera ser, una democracia de ciudadanos. Sobran instrumentos. ¡Y motivos!

18.- El modelo "Tea Party"

        El motín de té  tiene una histórica connotación de punto de partida en  la lucha por la independencia de los EE.UU y por la soberanía de sus pobladores, un cierto halo legendario de rebeldía. 

            En la actualidad esos elementos se los ha apropiado el “Tea Party” , el ala más reaccionaria y ultraliberal  del  Partido Republicano de los Estados Unidos, defensora a ultranza de no aumentar los impuestos a los más ricos y contraria a la reforma sanitaria propuesta por el presidente Obama, que toma como referencia lejana el sistema sanitario español. La Seguridad Social gestionada por el estado les parece “socialismo”.  

En sus filas, el integrismo religioso encuentra acomodo fácilmente. Fue noticia una propuesta emanada de su seno, y que tuvo en duda a algunos estados donde su influencia es mayor, sobre la conveniencia de erradicar de los libros de texto en las escuelas las referencias a la teoría de la evolución y sustituirla por el creacionismo bíblico como la única verdad científica aceptable sobre el origen de la vida y del hombre. No sienten empacho en negar evidencias científicas si incomodan a sus intereses  o a sus creencias.

            El “Tea Party” sirve para confirmarnos que si algún rasgo define a los Estados Unidos es que es un país de extremados contrastes. Biblia como manual científico en las escuelas  y tecnología punta en los laboratorios. Debe ser una sociedad con buena digestión, porque sobrevive a esas locuras ideológicas. Más que el país de las oportunidades, Estados Unidos es el país de las desigualdades. Acumula, seguramente, el 80% de las grandes fortunas del mundo, genera con su actividad especulativa la mayor parte de las tensiones económicas mundiales, y censa  en su territorio casi 80 millones de ciudadanos al borde la de pobreza, cuando  no plenamente sumidos en ella.

           Menos presencia del Estado en la sociedad es el elemento aglutinante de un conglomerado ideológico disperso , difícil de gestionar incluso para sus propios líderes. No sé si esa máxima, “Menos Estado” - os resulta familiar. Creo que es el único punto programático que el señor Rajoy enunció con claridad durante la campaña electoral. Y lo está cumpliendo a rajatabla. La crisis económica le ha dado la excusa magnífica para desmontar el estado que nos habíamos ido proporcionando en este largo periodo de democracia, en el que los ciudadanos hemos alcanzado las mayores cotas de igualdad ante la ley que haya conocido la historia de España hasta hoy. También, las mejores condiciones de vida.

            La coincidencia programática no es casual. Se debe a la proximidad ideológica de Aznar con los ultraliberales del partido republicano estadounidense. Son ellos los que financian sus conferencias por el país. Y la mano de Aznar y sus afines ha dejado una huella profunda en el Partido Popular.

            ¿Cómo se puede proponer como modelo al “Tea Party?

           Salvando la distancia ideológica y la extrañeza que pueda provocarnos establecer paralelismos entre ambos, hay concomitancias entre el nacimiento de Tea Party y el 15 M. 

            La primera, es que ambos surgen como un movimiento ciudadano de protesta, de origen más o menos espontáneo. El “Tea Party” nació en el 2009 como consecuencia del rechazo a determinadas leyes económicas aprobadas, en primer lugar por George Bush, hijo y, posteriormente, por Obama  para hacer frente a las consecuencias de la crisis del sistema financiero americano. Manifestaban el rechazo a los impuestos, a los rescates bancarios y los gastos del Estado.  Eran, también, indignados, a los que no faltaba razón. George Bush logró que el Congreso estadounidenses aprobara la inyección de 750.000 millones de dólares para sanear el tremendo agujero financiero provocado por los desmanes del capitalismo especulativo nacional, con la autorización implícita de la Reserva Nacional y del gobierno. Y ese dinero, que no sale de la nada, corrió a cargo de los impuestos de los ciudadanos. En realidad, fue el origen de esta crisis que atenaza Europa y a media humanidad, especialmente países de África y del tercer mundo.

            La segunda coincidencia se produce en los medios empleados para lograr la cohesión de una gran masa de ciudadanos, dispersos en lugares muy alejados entre sí. Ni el 15 M, ni el Tea Party, ni los distintos movimientos similares que se han ido produciendo en lugares muy diversos del planeta, habrían sido posibles sin las nuevas tecnologías de comunicación simultánea. Internet  y las redes sociales han sido el valioso instrumento.

            La tercera es la crítica, cuando no el rechazo frontal  a la vertebración política bipartidista en ambos países, mucho más evidente en los Estados Unidos, donde prácticamente no existen  partidos de izquierda con un mensaje más radical ni  partidos nacionalistas en los que conviven intereses económicos de la burguesía local, rechazo histórico al centralismo y factores sentimentales unidos a determinados rasgos culturales propios. 

            El “Tea Party” ha atacado por igual al partido demócrata y a un buen sector del partido republicano. 

            Ahí acaban las coincidencias. Aparentemente el Movimiento 15 M no desea el poder, al menos de una forma manifiesta. El “Tea Party”, sin embargo, mayoritariamente integrado por la derecha más radical de los Estados Unidos, llevado por el sentido práctico de ese pueblo, ya está en el Congreso Americano, integrado en el ala más radical del Partido Republicano. Y en las elecciones presidenciales presenta a sus propios candidatos. Y ha sido capaz de elaborar un programa de gobierno mediante la consulta de propuestas a los ciudadanos en Internet, para elegir las propuestas más votadas. A esta iniciativa, con la finalidad de poder concretar un proyecto político, a pesar de la dispersión ideológica de sus simpatizantes y  de la selva amazónica de sus ocurrencias o preocupaciones políticas prioritarias, la llamaron “Contrato de América”. Se comprometieron a defender en el Congreso las diez más votadas y a intentar modificar las leyes en dicho sentido.

            Cuando estas notas se están actualizando – verano del 2012- el candidato a la Casa Blanca, Mitt Romney, al que ya hemos hecho referencia, ha propuesto a uno de los senadores más próximos a los postulados del “Tea Party”  como vicepresidente del gobierno, si consigue el triunfo en las próximas elecciones. Es el más feroz defensor de la inutilidad de Estado. Los impuestos a los más ricos son un crimen, un ataque al capitalismo; y ese es el verdadero - quizá el único-  credo que los une. Economistas de prestigio, como el premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, ha pronosticado que de triunfar el Partido Republicano en las próximas elecciones, si el vicepresidente tiene excesiva influencia en el programa económico del gobierno, la economía americana podría volver a una situación muy similar a la que vivió durante la gran crisis del 1929. Son los riesgos de otorgar demasiado poder a gente sin sentido de estado, a gente que antepone criterios ideológicos a la verdadera cultura de la gestión de los asuntos públicos, cultura que se debe asentar en conocimientos profundos de historia, economía y sociología, cuando menos, que deben ir unidos a la ética y al respeto por los seres humanos, independientemente de su extracción social y a sus capacidades económicas. No es el caso.

            Pero hechas estas apreciaciones, que dependen fundamentalmente de la capacidad del pueblo americano de escoger las soluciones a su vida que estime más razonables, parece cuando menos oportuno otorgarle al “Tea Party”  el calificativo de ejemplar en  la estrategia para alcanzar una importante cuota del poder, en su aspiración por adueñarse de voz y de fuerza en las cámaras legislativas de su país.

            Sinceramente, creo que el Movimiento 15 M debiera aprender esta lección. Es la derecha más radical de los Estados Unidos, pero nos da una lección de democracia y de espíritu práctico en la lucha eficaz por sus objetivos, por más que no los podamos compartir en infinidad de aspectos. En el sistema democrático el instrumento transformador es la ley. La soberanía verdadera consiste en modificar la ley para garantizar nuestros derechos. Hay que estar presentes en su elaboración. 

Es un gesto admirable evitar un desahucio anteponiendo nuestras personas como barrera pacífica ante la puerta del desahuciado; seguramente lograremos nuestro minuto de gloria en los telediarios, pero es infinitamente más útil proponer y aprobar una ley que los evite; defenderemos a más seres humanos. Nuestra actuación será un logro duradero y universal para todas las personas que estén en riesgo de perder su vivienda por una situación económica ajena a su propia voluntad. Hay que estar donde las leyes se proponen y se aprueban. Habrá que organizarse para modificar la realidad. No basta la llamada de atención, la generación de simpatías, la solidaridad de barra de café. No  queda demasiado tiempo. El sistema carece de dignidad y tiene un estómago poderoso que digiere con prontitud la política de gestos. 

            La derecha tiene como valor primordial el orden, su “orden”. Antes o después legislará contra las acampadas y las manifestaciones, se evitará las incomodidades que el 15 M pueda provocarle. Utilizará los antidisturbios y los tremendos medios del estado.

            Hay que estar en el parlamento, en los parlamentos del mundo, porque será ahí donde estará la batalla definitiva. 

            ¿Sería una locura plantearse como objetivo una plataforma legalmente constituida y capacitada para comparecer en las diferentes elecciones  con el único objetivo de defender en el Parlamento un programa emanado de la selección de los propios ciudadanos  en la red, una especie de “Compromiso por la ciudadanía”, con diez o quince o veinte puntos  que representen la selección de las propuestas mayoritariamente aceptadas? ¿Tan difícil resultaría acordar el perfil de los candidatos de dicha plataforma? ¿Tan imposible establecer  con dichas personas un código de comportamiento, el compromiso de escuchar en su circunscripción las propuestas de sus conciudadanos? ¿No es esa la democracia representativa que andamos demandando? ¿No es posible que, además de una buena parte del voto “indignado”, pudiera atraer también el voto de una parte de la abstención? ¿No merecería la pena indagar esta posibilidad? 

            El “Tea Party” ya ha demostrado la potencia de iniciativas como ésta. Reconozcamos que, siendo el mascarón de proa de las propuestas más radicales del gran capital americano, ha contado con muchos procedimientos de financiación y que, sin ella, la consolidación de propuestas que menoscaban el poder de los partidos históricos encontrará dificultades extraordinarias. Pero no será más  difícil que sobrevivir a este presente que nos ha tocado en el reparto de la historia. Y nos quedará la esperanza de poderlo transformar.

17.- La abstención otorga escaños

    Muy al contrario de lo que la gente suele creer, la abstención otorga escaños; lejos de dañar a los partidos mayoritarios, a veces, incluso, les concede la mayoría absoluta.

            Tomemos como referencia las últimas elecciones generales del 20 N de 2011, que han otorgado mayoría absoluta al Partido Popular. Todos los ciudadanos del país, en un sentido o en otro, sufrimos ahora las consecuencias de dicho resultado.

            Veamos  brevemente los números de la convocatoria electoral y saquemos las conclusiones pertinentes.

            No os cansaré demasiado con números. Pretendo reflexionar sobre la situación en todo caso. Demostrar que no es lógica.

            El  censo electoral- ciudadanos con derecho a voto- en las últimas elecciones generales ascendía a 35.779.491 personas. Para la representación de las mismas - de todas ellas- en el Parlamento, la ley tiene establecidos 350 diputados. La participación fue del 71,69%. Eso quiere decir que el 28,31% de las personas con derecho a voto no lo ejercieron. 10.129.174 no tuvieron motivos para ir a depositar su papeleta. No eligieron a ningún representante de los que se postulaban.

            Traducido, porcentualmente, a número de escaños que correspondería a  esos ciudadanos, 99 de los escaños preparados para representar a la ciudadanía,  no debería estar ocupados. Pero están ocupados y tienen color político.

            Porque la constitución del Parlamento, como infinidad de aspectos de nuestra organización social y política, se basa en arbitrariedades, en acuerdos, en disposiciones establecidas como parte de las reglas del juego. Y está establecido que el que no participa, en la práctica, otorga su representatividad al que lo hace. Para entendernos, los 350 escaños del Parlamento se distribuyen de acuerdo con la orientación del voto de los ciudadanos que participan. De hecho, las 10.129.174 personas que no votaron, ¡sí votaron!. Los 99 escaños que se quedaron sin representación han ido a engrosar proporcionalmente la representación de otros partidos, sobre todo los de representación mayoritaria.

            Aunque no sea exacto, por las particularidades de la ley de d´Hont, intentaré poner de manifiesto las consecuencias en nuestro mapa electoral del uso arbitrario de la abstención.

            Atendiendo a lo que establece la Ley d’Hont y , refiriéndonos sólo a los dos partidos mayoritarios como muestra de la contradición a la que nos estamos refiriendo, al PP le han correspondido el 44,62% de los votos emitidos y al PSOE, el  28,73% de los mismos. En número de escaños, al PP le han correspondido 186 escaños, mayoría absoluta, y al PSOE  110.

            Si nos atuviéramos a la proporcionalidad que antes mencionaba, considerando que la abstención fuera exactamente eso, dejar sin representatividad 99 escaños, el porcentaje de voto recibido por el PP, en relación al ceso electoral, habría sido el 30,27%, ni un tercio de la totalidad de la ciudadanía con derecho a voto, sin justificación alguna para convertirse en mayoría absoluta en este Parlamento. Un tercio de su representación parlamentaria no la debe a la voluntad popular, sino a la Ley d’Hont. Y de forma aproximada, por la complejidad de aplicación de nuestra ley electoral, el número de escaños que le   correspondería ocupar en el Parlamento oscilaría entre 105 y 120, muy lejos de los 186 que ahora ocupa. Por su parte, al PSOE, habría obtenido un 19,49%, ni una quinta parte del voto ciudadano y le corresponderían entre 68 y 82 escaños de forma siempre aproximada. A veces un solo voto puede otorgar un escaño.

            Así que buena parte, un tercio o más,  de los escaños que ocupan los dos partidos mayoritarios no proceden de la confianza ciudadana en sus propuestas, sino  de las disposiciones que regulan el proceso electoral. De forma menos visible según nos alejamos de las opciones más votadas, la abstención pasa a engrosar la representación de todos los partidos. ¿Nos representan? La legitimidad de origen, ahora mismo, no es discutible. Son la reglas que rigen nuestra participación en la vida pública, las que regían el sistema electoral cuando tuvieron lugar las elecciones generales, pero, ¿es este el sistema que queremos, o es legítimo plantearnos su revisión…?

            Parece legítimo y veamos por qué.

            Por esa perversa deriva de la Ley d’Hont, en un cálculo aproximado, como acabamos de manifestar, un tercio de los escaños sobre los que el PP asienta su mayoría absoluta no son producto de la voluntad ciudadana. No obstante, son precisamente dichos votos los que le permiten establecer las medidas que un alto porcentaje de la población, incluyendo a sus propios votantes, rechazan ostensiblemente apenas ocho meses después de celebrarse las elecciones generales. Parece indudable que la aplicación de la Ley d’Hont pervierte la representatividad social en el Parlamento y tienen consecuencias, no sólo indeseadas, sino contrarias a la voluntad ciudadana.

            En segundo lugar, los partidos reciben subvenciones públicas – es uno de los cauces legales de su financiación- por los escaños obtenidos. Luego ese porcentaje de escaños, que moralmente no le corresponden, les generan recursos  y, al tiempo, generan costes injustificados a las arcas públicas. Injustificados moralmente. Ilegales, no, puesto que el actual sistema les permite recibir subvenciones tanto derivadas de la aceptación ciudadana a sus propuestas, del voto, como del silencio ciudadano, la abstención.

            Y en tercer lugar, cada diputado tiene sueldos, dietas, costes de alojamiento y un largo etcétera, como contraprestación a las funciones que desempeña. Siempre en teoría, pero siguiendo un planteamiento lógico, los 99 escaños que deberían ser la representación de la ciudadanía que no otorgó su confianza a ninguna de las candidaturas, no deberían estar dotados de dichas prestaciones. De hecho, deberían estar vacíos, para representar verazmente  la voluntad ciudadana.

            ¿Es modificable dicha situación? Casi nada es imposible para la creatividad humana, y, mucho menos, si forma yunta con la necesidad.

            La primera ocurrencia de una persona lógica sería plantear una modificación de la Ley Electoral mediante referéndum. Pero, como la situación actual beneficia claramente a los partidos mayoritarios, la sola posibilidad de poderlo celebrar ya resulta difícil. Y, en todo caso, ¿qué solución técnica aceptable para todo el mundo podríamos arbitrar para que la abstención estuviera representada en el Parlamento? En realidad, ninguna. La abstención tiene una casuística tan compleja y tan  indefinida que no encontraríamos nunca el procedimiento razonable para su representatividad. Incluso, parte de ella responderá a quienes rechazan de plano el sistema democrático de representación parlamentaria.

            Se trata, pues de corregir la situación actual; se trata de no permitir que el silencio de la abstención se convierta en  poder usufructuado por el resto de candidaturas. Y, yendo algo más lejos, se trataría de recuperar una buena parte de la capacidad transformadora de ese voto, de ofrecer alguna alternativa que diera motivos para acudir a las urnas a una parte de esos ciudadanos que no se sienten representados por ninguna de las opciones políticas que concurren a las elecciones. Y ello, antes de modificar la Ley Electoral.

            Hay ya una iniciativa en marcha: Voto en blanco computable, programa del partido, legalmente constituido “Escaños en blanco” que ha participado en las últimas elecciones municipales y en las  autonómicas del 2012, celebradas en Andalucía y Asturias. Presenta listas electorales, como cualquier partido, y tiene un único punto en su programa electoral: No tomar posesión de los escaños asignados. Su yacimiento de votantes estaría entre quienes se inclinan por el voto en blanco, que sencillamente se elimina en la distribución de concejales, diputados, senadores y demás representantes electos en cualquier convocatoria, y quienes se inclinan por la abstención.

            Esta opción cumpliría con el cometido de desvirtuar las contradicciones que hemos reseñado: evitar que la abstención se compute como voto de las demás opciones políticas, y ahorrar los costes que derivan de esa perversión del sistema electoral. Hasta ahí cumpliría un cometido razonable en caso de prosperar en el futuro. Pero, en realidad, aunque tuviera éxito y arrebatara un buen porcentaje de la abstención a los partidos tradicionales, la distribución de fuerzas parlamentarias  sufriría alguna modificación, pero aquellas personas que no se identifican con ninguna de las propuestas de los partidos seguirían sin voz. Y se trata de tenerla.

            En el paseo por la historia que en breve empezaremos podremos comprobar que, casi siempre, el objetivo primordial de los indignados de la historia ha sido estar donde se cocinan las leyes, donde se establecen los criterios para regular las relaciones humanas y el equilibrio de poder. Y podemos asegurar que los avances políticos y sociales, las conquistas sucesivas de cotas crecientes de igualdad ante le ley, ha sido producto de quienes quisieron ganar protagonismo en el proceso. 

No será empresa fácil, desde luego. Pero la dificultad principal estriba en la indecisión de quienes sienten necesaria esa transformación, esa reiniciación del sistema. ¿Quién debe reiniciarlo? La ciudadanía. Ya se ha dicho en estas páginas. La solución de la actual situación social, política y económica será un proceso ciudadano o no será.